El Troudi explicó que la Asamblea Nacional debe reformar la ley que rige la actividad

La creación de un fondo de ahorro para los trabajadores quedará vinculada a la necesidad de realizar algunos cambios concretos a la legislación vigente.

El ministro Planificación y Desarrollo, Haiman El Troudi, informó que está en estudio la reforma a la Ley de Cajas de Ahorro, modificación que busca homologar el funcionamiento de este tipo instrumentos.

El titular de ese despacho destacó que el proceso de equiparamiento de las condiciones entre las cajas de ahorro estará en manos de la Asamblea Nacional, órgano que se encargará de realizar los cambios pertinentes al instrumento legal.

“Al no estar en la Habilitante, no quedará para ahora”, sentenció El Troudi, quien considera que, ante ello, la vigencia de la nueva Ley de Cajas de Ahorros podría quedar para 2009.

Un fondo de ahorro es una de las ideas que maneja el Gobierno en su estrategia de abrir oportunidades para que los trabajadores economicen, en el marco del llamado al “consumo necesario” que hizo el Presidente Hugo Chávez en días pasados.

Estado atado
La normativa vigente, que sirve para regir las operaciones de instrumentos como las cajas de ahorro, fondos de ahorro y asociaciones de ahorro similares, fue aprobada en el marco de la Habilitante de 2001, y reformada por la Asamblea Nacional cuatro años después, en 2005.

No obstante, en el texto legal no queda espacio para que entre en funcionamiento un fondo de ahorro manejado por un organismo público, sino que las normas expresadas en el mismo centran su atención en el carácter privado del mismo.

La Ley de Cajas de Ahorro define a los fondos de ahorro como unas “asociaciones civiles sin fines de lucro creadas por las empresas o instituciones de carácter privado conjuntamente con los trabajadores, en beneficio exclusivo de éstos, quienes reciben, administran e invierten los aportes acordados”.

En todo caso, el instrumento legal admite que los trabajadores puedan ahorrar sin importar si son del sector privado o del público, e incluso permite la participación de jubilados y pensionados. El ahorro de los obreros y empleados de la administración pública en estos instrumentos es manejado por particulares, pues delegar su administración, rectoría y gestión a terceros queda prohibida.

Este entorno legal complica las intenciones del Ejecutivo nacional de crear un fondo para que los trabajadores ahorren los excedentes de sus ingresos.

En el marco de este instrumento, que El Troudi aseguró será voluntario, es que el Gobierno espera que se concreten actividades como la adquisición de electrodomésticos y vehículos, entre otros, por parte de los trabajadores del sector público -a quienes va dirigido este fondo- que puedan ser pagados por partes, descontables de sus ingresos salariales.

Se estima que los bienes sean parcialmente subsidiados por el Estado y que provengan del grupo de fábricas socialistas que el Gobierno espera potenciar.

El otro proyecto que luce más cercano es el de la emisión de bonos para los trabajadores que, según explicó el ministro de Planificación y Desarrollo, se concretará este año.

En el cronograma de colocaciones de deuda, quedan dos más pautadas para este año y restan cerca 3.000 millones de dólares como límite previsto en la Ley de Endeudamiento.

No obstante, El Troudi manifestó que la emisión de papeles dirigida a los trabajadores será apenas una pequeña porción de ese monto.

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