El gobierno de Lula prepara un gigantesco paquete de financiación al campo por US$ 40.000 millones que se aplicarán a la próxima zafra. Habrá también recursos para los pequeños y medianos chacareros por otros US$ 10.000 millones de dólares. Es la estrategia que decidió Brasil para aumentar la oferta de alimentos y moderar la inflación causada por el alza en los precios de las commodities. La inflación brasileña no debería asustar a nadie: anualizada, el mes pasado dio 5,8%. Pero economistas y gobierno creen que superará 6% en el techo permitido por el Banco Central. Lo que empuja el índice es la comida, que además impacta de modo severo en las mesas populares. Esta semana hubo movilizaciones, especialmente del sector público, que demanda una mejora de los salarios.

Lula convocó a una reunión “ampliada” de su gabinete económico para discutir las alternativas posibles para detener el proceso inflacionario. El senador del PT y economista Aloizio Mercadante, jefe del bloque oficialista en su cámara, que participó del encuentro, fue el vocero para la prensa sobre esas deliberaciones. Dijo que Lula está convencido que Brasil no debe seguir estrategias parecidas a las de Argentina y México ya que, según cree el jefe de Estado brasileño, “estas mostraron que no dan resultado”. Lula aludió a la línea seguida por la Casa Rosada al comentar que de ninguna manera limitará las exportaciones agrícolas ni gravarlas con tasas -retenciones’ ya que eso “lleva a desorganizar al sector productivo” y “se convierte en una trampa”. Lula, dijo Mercadante, fue taxativo: “No se tomarán medidas heterodoxas ya que Brasil pasó por esa etapa –como la de precios máximos que acaba de imponer México– y le fue mal”. En cuanto a la Argentina, el presidente brasileño piensa que “las medidas no surtieron el efecto esperado y en vez de eso perjudicaron la actividad económica del país”.

En simultáneo con el gran auxilio al agro, con un paquete financiero que ningún otro sector productivo consigue empardar, el gobierno de Lula va a profundizar el recorte del gasto público. La decisión es subir inmediatamente el superávit fiscal de de 3,8% a 4,3% del PBI. Cada punto del producto representa unos 16.500 millones de dólares. Pero así como los hacendados brasileños bendicen la inestimable ayuda oficial del gobierno de un ex sindicalista, en otros ámbitos empiezan a protestar. La poderosa Federación de Industrias de San Pablo (FIESP), que concentra los principales grupos económicos de este país, remarcó que la estrategia antiinflacionaria de Lula provocará a mediano plazo un freno de las inversiones, una disminución del crecimiento económico y un ritmo de exportaciones inferior al previsto.

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