Los pequeños principados de bajos impuestos no pueden ser obligados a levantar el secreto bancario de los depositantes

No cabe duda de lo furiosa que ha estado la canciller alemana Angela Merkel. Durante las últimas semanas, ha encabezado un asalto frontal contra su diminuto vecino, el principado de Liechtenstein.

¿Qué delito ha cometido éste? No ha cooperado con la pesquisa alemana sobre presuntos evasores de impuestos.

La riña entre Alemania y Liechtenstein es tan solo el principio de una batalla más amplia entre las grandes naciones europeas y los pequeños principados de impuestos bajos. Ahora les toca a Mónaco y Andorra.

Pues bien, los ataques son del todo injustos.

Los lugares como Mónaco y Liechtenstein tienen derecho a mantener el secreto bancario y no se los debería forzar a hacer de agentes del fisco de otros países. Alemania debería pasar más tiempo preocupándose de por qué tanto capital huye de su territorio, y menos tiempo ensañándose con lugares de apenas una fracción de su tamaño.

La riña no da señas de aquietarse. Empezó cuando los investigadores alemanes pagaron 5 millones de euros a un ex empleado del banco LGT Group de Liechtenstein por discos informáticos que contenían los nombres de personas con cuentas bancarias en el principado. La información ha dado lugar ya a la dimisión del máximo responsable de Deutsche Post AG, Klaus Zumwinkel, y más de 190 otras personas han confesado su evasión fiscal, según las autoridades alemanas.

El ministro de Finanzas de Alemania planea encabezar una campaña más amplia de la Unión Europea (UE) contra los paraísos fiscales. La anomalía de tener pequeños principados de bajos impuestos en un continente de altos impuestos, puede estar llegando a su fin.

BRITÁNICOS EN MÓNACO. Es comprensible que los paraísos fiscales les resulten irritantes a los grandes gobiernos europeos. En un mundo de movilidad cada vez mayor, y de mejores medios de comunicación, a los ricos se les ha hecho más fácil mudar su sitio oficial de residencia a un entorno más acogedor en lo que a impuestos se refiere. La mitad de los empresarios británicos parece estar domiciliados en Mónaco estos días. Muchos alemanes parecen estar guardando dinero en Liechtenstein.

“Liechtenstein es un claro ejemplo de un Estado pirata”, dijo John Christensen, director de la Red de Justicia Tributaria, grupo de Bruselas que fomenta el conocimiento sobre la financiación transnacional. “Cuando las elites se desentienden del régimen fiscal, subvierten los procedimientos democráticos y socavan el respeto a la integridad de las leyes y las instituciones”.

Eso parece ser lo que creen los gobiernos de Alemania y otros países. Aun así, Liechtenstein y Mónaco no tienen obligación alguna de suministrar listas de inversores extranjeros a terceros, siempre y cuando no haya sospecha de blanqueo de capitales o de terrorismo. He aquí por qué tales reclamaciones son contradictorias.

DOS MALES. Primero, ¿cómo puede el gobierno alemán justificar haberle pagado a Heinrich Kieber, el ex empleado de LGT Group, por detalles de cuentas privadas, y después haber vendido por todo el mundo esa propiedad robada? No importa que los discos contuvieran datos de evasión fiscal, algo que, por cierto, no se ha probado aún. Dos males no equivalen a un bien. Supuestamente, los gobiernos alemán, británico, francés o sueco, que compraron la información, no se opondrán si un Estado miembro de la UE roba información de los bancos de ellos.

Segundo, si bien no serán naciones en todo el sentido de la palabra, estas son entidades soberanas. Alemania puede fijar las leyes que le parezca para las personas que viven en Alemania. Si quiere prohibir a sus ciudadanos el tener cuentas -o crear fideicomisos y fundaciones- en otros países, puede hacerlo (y lidiar con la fuga de personas y de capital). Pero no puede forzar a otros países a que cambien sus normas.

Si la gente invierte en países de impuestos bajos o en estructuras jurídicas como fundaciones, su responsabilidad fiscal es cosa suya, no de la nación anfitriona. La mayoría de los inversores legítimos considera que los principados de impuestos bajos ofrecen una alternativa útil al régimen de los gobiernos de impuestos altos que asfixia a Europa.

COMPETENCIA INJUSTA. Por último, es irrisorio decir que este tipo de “competencia” fiscal es injusta. Toda competencia es injusta. Aquí se trata de naciones pequeñas con el derecho a ganarse la vida como les dé la gana. No es más injusto que la destreza de Alemania en la fabricación de automóviles, o que la aptitud de los franceses para hacer vino. ¿Acaso deben los alemanes cerrar su industria de automóviles de lujo porque le hace la vida difícil a los trabajadores del sector en el resto de Europa? Claro que no. Luego, ¿por qué debe Liechtenstein cerrar su sector de servicios financieros?

Naturalmente, los paraísos fiscales deberían asegurarse de no estar albergando activos de delincuentes o terroristas. Ahora bien, no exageremos: Munir el Motassadeq, la única persona a quien se ha procesado por los atentados terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos, vivía en Hamburgo, no en Liechtenstein. Uno de los presuntos piratas aéreos usó cuentas bancarias de Florida, no de Mónaco. Lo cierto es que los terroristas usan bancos corrientes porque éstos levantan menos sospechas.

El gobierno alemán y los otros que pagan por información robada deberían pasar más tiempo pensando en cómo hacer sus propios países más atractivos a sus contribuyentes.

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