Con el objetivo de mejorar la eficiencia del gobierno central reformando su sistema tributario, elevando la calidad del gasto público y promoviendo los recursos humanos de la administración central, el Poder Ejecutivo celebrará en esta jornada un préstamo con el Banco Interamerica-no de Desarrollo (BID).

El préstamo por U$S 285 millones, aprobado el 15 de abril por el directorio del BID, es el segundo de una serie programática de tres, el primero de
los cuales -por U$S 50 millones- fue aprobado en octubre de 2006.
El primer componente fue diseñado e implementado para mejorar el sistema tributario mediante la promoción de una estructura impositiva más equitativa y eficiente, reduciendo los niveles de evasión interna mediante el fortalecimiento de la efectividad de la Dirección General Impositiva (DGI). La recaudación impositiva en Uruguay se elevó en un 16 por ciento entre 2006 y 2008, luego de que el Poder Legislativo aprobó el Nuevo Sistema Tributario, que simplificó la estructura mediante la eliminación de 12 impuestos ineficientes.

GASTO PÚBLICO
El segundo componente apunta a mejorar la calidad del gasto público mediante la generación de información relevante para la evaluación de resultados que permitirá, a su vez, retroalimentar anualmente el proceso presupuestario sin debilitar su carácter pluriánual y alcanzar un grado mayor de eficiencia y transparencia en las compras públicas. Esto se logrará mediante la modernización del sistema de compras, procurando un marco jurídico unificado y actualizado que incorpore el concepto de universalidad y la aplicación de las mejores prácticas, generando la información necesaria para la definición de políticas de compras.
El objetivo del tercer componente es promover una gestión flexible, coherente e integrada de los recursos humanos de la administración central fundada en el mérito. Para dicho fin se dotará a la gestión de recursos humanos de estructuras ocupacionales y salariales que sean articuladas y de un sistema de carrera flexible y acorde al mérito. Asimismo, se desarrollarán las capacidades de la Oficina Nacional de Servicio Civil para formular políticas de gestión de personal y para prestar asistencia a las unidades de gestión de recursos humanos.

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