La presidenta Cristina Kirchner aceptó ayer la incorporación de algunos cambios en el proyecto oficial de movilidad jubilatoria para que pudiera aprobarse en la Cámara de Diputados, tras las presiones que ejercieron durante la jornada los líderes de la CGT, Hugo Moyano, y de la CTA, Hugo Yasky, y la resistencia también de algunos miembros del bloque oficialista.
La decisión fue tomada durante una reunión sorpresiva en Olivos entre la Presidenta, Moyano y Yasky, poco después de que el dirigente camionero amenazara con un “paro general” si el Gobierno no daba respuestas a los reclamos salariales.

Moyano desnudó así el malestar que provocó el “magro” aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y la negativa a eliminar la tabla de deducciones de ese tributo que afecta a salarios. Luego de una jornada plena de marchas y contramarchas, la Cámara de Diputados se disponía a aprobar en la madrugada y girar al Senado el proyecto oficial de movilidad jubilatoria que establece dos aumentos semestrales para cinco millones de jubilados a partir de marzo de 2009.

Para evitar el naufragio de la iniciativa kirchnerista, la Presidenta se reunió con los líderes sindicales e hizo consultas telefónicas con el jefe de Gabinete, Sergio Massa, y el titular de la Anses, Amado Boudou, que permitieron al jefe del bloque kirchnerista, Agustín Rossi (FPV-Santa Fe), modificar de manera parcial la fórmula para calcular los aumentos para la clase pasiva y conseguir los votos que le aseguraban la aprobación del proyecto con el que el Gobierno pretende reconquistar a la clase media.

De todos modos, los cambios de último momento no sirvieron para convencer a la oposición, encabezada por María América González (SI-Capital) y Claudio Lozano (Proyecto Sur), que se abroqueló en torno de su dictamen de minoría y calificó, de “insuficiente y amarrete” el proyecto.

El proyecto, que se discutía al cierre de esta edición con unas pocas decenas de jubilados en los palcos, establece un índice de movilidad que combina en partes iguales la recaudación de fondos destinados a la Seguridad Social y la evolución de los salarios según el Indec. A último momento se incorporó al proyecto el índice de Remuneración Imponible Promedio de Trabajadores Estables (Ripte) para el cálculo del aumento, en el caso de que el incremento diera una cifra menor a la de ese índice, que rige el Ministerio de Trabajo.

El proyecto incorporó otros pedidos de la oposición, como Prestación Básica Universal (PBU) que perciben los jubilados (hoy representa la mitad del salario mínimo) en el cálculo de la movilidad. La oposición cuestionó que no se haya establecido un régimen de intangibilidad para los fondos de la Anses, y que tampoco se accediera a otorgar un aumento de las jubilaciones mínimas antes del establecimiento de la movilidad.

De todos modos, y gracias a la presencia de una quincena de diputados radicales, radicales K, el socialista K Ariel Basteiro (Encuentro-Buenos Aires) y la cordobesa Norma Morandini (Memoria y Democracia), el bloque oficialista consiguió, cerca de las 19, el quórum para iniciar la sesión.

“Este gobierno aumentó las jubilaciones 12 veces desde 2003, y sumó al sistema a 1,5 millones de jubilados. No entiendo las dudas, y nadie va a estar peor con esta ley”, se encendió el diputado Juan Carlos Díaz Roig (FPV-Formosa), defensor del proyecto y titular de la Comisión de Previsión.

Díaz Roig recordó que el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, había defendido la iniciativa en comisión, y que la idea fue “sacar un proyecto de consenso”. Dejó abierta la posibilidad de un reajuste a los jubilados otorgada por el Gobierno antes de la puesta en marcha de la ley.

En ese sentido, la secretaria del bloque kirchnerista, Patricia Fadel (FPV-Mendoza), estimó que el incremento “superará el 20 por ciento anual” y no los 4 puntos porcentuales calculados por la oposición.

Críticas
Desde la centroderecha hasta la izquierda, incluidos el peronismo disidente del Frejuli y el Movimiento Popular Neuquino, surgieron críticas. “Este proyecto es un conjunto de trampas para ponerle un cepo a los aumentos jubilatorios. Se modificaron groserías, como excluir al PBU del cálculo de movilidad”, afirmó Lozano. “Esta noche se está estafando a los jubilados, que son nuestros padres”, dijo María América González, enojada con la fórmula “falsa y falluta” para calcular aumentos.

“Debería haber intangibilidad en los fondos de la Anses para que nadie le meta la mano en el bolsillo a nuestros aportantes”, criticó Luis Galvalisi (PDP-Capital). La ex kirchnerista Marta Velarde tildó el proyecto de “profundización del modelo de (Domingo) Cavallo, porque relaciona suba de las jubilaciones con aumento de la recaudación de la Anses: si hay dinero en caja se paga y si no, no”.

“El haber jubilatorio es un sustitutivo del sueldo del trabajador. Por eso, el índice de salarios debería ser el parámetro para aumentos”, afirmó Fernanda Reyes (CC-Capital).

La jefa del bloque socialista, Silvia Ausburger (PS-Santa Fe), criticó que “no haya en el Poder Ejecutivo predisposición para reformar el sistema provisional de manera integral y atender las demandas de la clase pasiva”.

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