Los últimos borradores del pacto del Bicentenario que impulsa el gobierno de Cristina Kirchner, a paso lento, revelaron que la Casa Rosada promoverá la creación del Consejo para el Diálogo Económico Social y buscará incluir a, por lo menos, dos de las entidades rurales para no dejarlas fuera del acuerdo con el sector empresarial y sindical.

En rigor, se había programado ese anuncio para el 25 de mayo último, en el Día de la Revolución de Mayo. Pero la crisis rural postergó todo. Ahora, tampoco será el 9 de julio.

“Se espera a superar la crisis con el campo y la ratificación de las retenciones en el Senado. Se buscará otra fecha”, confió a LA NACION una fuente cercana al jefe de Gabinete, Alberto Fernández.

En rigor, se denominará Acuerdo Económico Social del Bicentenario. Según los borradores a los que accedió LA NACION, se creará el Consejo Económico Social para promover políticas de desarrollo, inversiones, inclusión social, mercado interno, redistribución del ingreso, tecnología y empleo registrado.

Sugestivamente, se dejó para “definir en otra instancia” las reformas de la ley de radiodifusión, con la cual el Gobierno amenazó a la prensa, y de los sistemas de medición estadística, como el Indec, cuestionado por la falsedad de los índices de inflación en el último año y medio.

El ministro de Planificación, Julio De Vido, coordina el proyecto junto con el secretario legal y técnica, Carlos Zannini.

Ambos acordaron hace diez días postergar el anuncio por varios días más con los bancos nacionales, la industria, el comercio, la construcción, la bolsa y el líder de la CGT, Hugo Moyano.

“Incluir al campo”
“Hay que tratar de incluir al campo”, acordaron las partes. Por ello, es posible que Cristina Kirchner haga pasado mañana en Tucumán un llamado al agro para que se sume al acuerdo. Buscan que se sumen, al menos, Federación Agraria y Coninagro.

Los firmantes serían la Presidenta, Moyano y los titulares de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Carlos Lascurain; de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), Jorge Brito; de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner; de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos de la Vega, y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi.

Los objetivos del pacto, según el texto, serían establecer una Agenda de Desarrollo Nacional de largo plazo, el respeto al Estado de Derecho, la calidad institucional, la estabilidad y previsibilidad, y el “crecimiento sostenido de la economía con mayor valor agregado”.

También se impulsarán políticas salariales y otros mecanismos que mejoren la distribución del ingreso para “consolidar la demanda y el crecimiento”.

Entre otras intenciones, se apunta a promover al empresariado nacional, las pymes, el pleno empleo, el trabajo decente, la calidad educativa, la formación profesional, la justicia social y la igualdad de oportunidades.

Metas a mediano plazo
El acuerdo se plantearía metas concretas hacia 2016:

Altas tasas de crecimiento del PBI con equidad distributiva y estabilidad de la moneda.
Una tasa de inversión superior al 25% del PBI y un crecimiento de las exportaciones del 10% promedio anual.

Reducir a la mitad el desempleo, y el empleo en negro.

Incrementar hasta el 50% la participación de los asalariados en el PBI.
Asegurar el equilibrio fiscal y de las cuentas externas.

Reducir en un 30% la brecha del PBI per cápita entre provincias ricas y pobres.

Según pudo saber LA NACION, los ejes de acción serían: macroeconomía, fortalecimiento de las instituciones, empleo, relaciones laborales y seguridad social, infraestructura productiva y social, educación, salud y desarrollo social, inversión y financiamiento, integración productiva y desarrollo regional, competitividad, innovación y valor agregado, inserción internacional, mercado externos e integración regional y pymes.

Las medidas concretas que se estudiarían serían:

Reformas en la ley de riesgos del trabajo.

Ley de desgravación impositiva, para la reinversión de las utilidades en las pymes.

Un régimen de repatriación de capitales, para financiar proyectos productivos y de infraestructura.

Plan Estratégico Territorial, Plan Nacional de Regularización del Trabajo y el Sistema Nacional de Formación Continua, y otros.
Banca de Desarrollo Nacional para la cadena productiva.

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