El gobierno de Bolivia enviará al Congreso un proyecto de ley para devolver a las nueve prefecturas (gobernaciones) el Impuesto Directo de Hidrocarburos (IDH), uno de los reclamos de los mandatarios regionales, enfrentados en su mayoría con la administración de Evo Morales.
El ministro de Hacienda, Luis Alberto Arce, anunció ayer que la iniciativa está en condiciones de ser remitida al Parlamento, según informó la agencia de noticias cubana Prensa Latina.
De ser aprobada, zanjará una de las diferencias entre el gobierno central y los prefectos opositores de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba, que reclaman exonerar a sus departamentos del pago de ese tributo, con el objetivo de emplear el dinero sólo en el desarrollo de sus respectivas regiones.
Los cuatro primeros, que integran la llamada “media luna”, la zona más próspera del país, realizaron entre mayo y junio referendos autonómicos, donde un 80% votó a favor de una mayor independencia económica y administrativa del gobierno central.

Es muy importante devolver el IDH a las prefecturas porque ahora no existe ningún argumento económico para negarse a participar en el referendo revocatorio afirmó el ministro Arce en una conferencia de prensa.

Los gobernadores opositores se niegan a participar del referendo para revocar o ratificar los mandatos de Morales y los nueve prefectos, convocado para el 10 de agosto, entre otros argumentos, por la reinstauración del IDH.

El ministro explicó que el levantamiento de gravamen es posible gracias al incremento de algunos precios en el mercado internacional que generaron un aumento en los ingresos de Bolivia. Además, el Ejecutivo repartirá cerca de dos millones de dólares entre las nueve prefecturas para impulsar el progreso de los departamentos. Este impuesto fue votado en el año 2005, cuando se discutió y se aprobó la ley de hidrocarburos que sigue vigente. Es un impuesto coparticipable, cuya recaudación se destina a proyectos sociales que benefician a un gran número de bolivianos, como el Bono Juancito Pinto (para estudiantes primarios) y la Renta Dignidad (para las personas retiradas). La semana pasada, Arce calificó como deplorable la postura de esos cinco prefectos de no someterse al referendo bajo la coartada de esa medida.

En tanto, el embajador de Francia en Bolivia, Alain Fouquet, reveló ayer que las inversiones para el sector de hidrocarburos no llegarán al país andino porque los contratos firmados hace dos años con las petroleras extranjeras fueron alterados en el Congreso boliviano. Hay un elemento de incertidumbre jurídica que explica que esas compañías no tienen la certidumbre de invertir en la exploración , dijo al diario La Razón, de La Paz.

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