El gobierno argentino se ha embarcado en la construcción de un tren bala que una las ciudades de Buenos Aires y Córdoba. El costo anunciado es superior a los mil millones de dólares, pero teniendo en cuenta su financiamiento puede alcanzar tres veces más.

No dejará de ser una ironía que los productores de soja, predominantes en la zona por donde pasará el tren, verán pasar por sus campos uno de los resultados de sus impuestos a una velocidad tal que les costará verlos. Sus impuestos, no el tren. Ellos son unos de los principales contribuyentes al fisco argentino a través de los impuestos que pagan sobre sus exportaciones, pero seguramente de poco les sirve este nuevo medio de transporte que les pasa de largo.

¿Cuáles son las motivaciones del gobierno para lanzarse en una obra semejante? Difícilmente sean económicas, si el proyecto fuera rentable no haría falta que lo hiciera el gobierno, habría inversores dispuestos a asumir el riesgo. Estos harían el cálculo que cualquier hombre de negocios hace cuando encara un proyecto: estima la cantidad de pasajeros, los precios a los que podría vender los pasajes, otros ingresos que pueda obtener, y luego los costos, tanto de la construcción como de la operación del tren incluyendo, por supuesto, el costo de oportunidad del capital, es decir, en qué otros proyectos ese dinero podría haber sido invertido y cuál hubiera sido su rentabilidad.

Nada se sabe de esto respecto al proyecto gubernamental y una de las razones tiene que ver con la diferencia básica entre un empresario privado y un funcionario estatal. El primero está asumiendo el riesgo con su propio capital, o su propio endeudamiento, por lo que tiene fuertes incentivos para afinar bien el lápiz y asegurarse de que los ingresos superen a los costos. Esta será una indicación, no solamente de que recuperará el dinero invertido con un cierto retorno, sino también que los consumidores valoran el servicio lo suficiente como para pagar por ello las sumas previstas.

El funcionario gubernamental, sin embargo, no arriesga capital propio sino ajeno, el de todos los contribuyentes. Necesariamente su motivación es más débil, si el proyecto sale mal las pérdidas no reducirán su capital, y si sale bien tampoco se llevará las ganancias. Por eso, una pregunta básica se impone: ¿si no hay empresarios privados interesados en llevar este proyecto adelante asumiendo el riesgo, no será porque ninguno lo considera un negocio positivo?

Podría decirse que el funcionario, a diferencia del empresario privado, toma en cuenta lo que se llaman “externalidades pecuniarias positivas”, efectos benéficos que el proyecto genere pero que un empresario no podría “cobrar”. ¿Cuáles podrían ser en este caso? Podríamos imaginar un aumento del turismo (aunque esto entraría en el cálculo del empresario porque serían parte de sus ventas), una mejor imagen de la Argentina que atraiga otras inversiones. En fin, otras podrían pensarse, pero queda claro que cuantificarlas sería imposible. Por otro lado, también habría “externalidades pecuniarias negativas” (menos vuelos en avión, por ejemplo), que habría que incluir en la ecuación.

Pero si este cálculo es imposible de realizar en ausencia de mercados para esos servicios, no es que el funcionario no tenga ningún incentivo. Si no tiene los económicos (a menos que lo obtenga durante el proceso, pero eso sería ilegal y estamos ahora asumiendo que no hay corrupción), los tiene “políticos”. Estos se basan en una suerte de “ilusión fiscal”: la gente verá el tren (aunque no lo use), pero no verá los costos que estarán hundidos en medio de un presupuesto de cientos de páginas. Esto genera un sesgo “pro-obra” del funcionario. Recibirá los aplausos y votos de quienes ven el tren, pero no los castigos por despilfarrar el dinero público.

Lo cual lleva a afirmar que esta será inevitablemente una mala inversión. El gobierno podría medir esto organizando una IPO (una oferta pública de acciones) sobre su proyecto y ver cómo responde la gente, si está dispuesta o no a invertir su dinero allí.

De no ser así, será una manera muy costosa de hacer campaña electoral. Al final, estaremos deseando que se gastara en afiches, propaganda y prebendas con las que se ganan las elecciones.

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