Al día siguiente de que el primer ministro Silvio Berluscuni anunciara haber logrado “rescatar” la compañia aérea de bandera Alitalia, virtualmente en bancarrota, el consejo de administración de la empresa anunció que se presentaba a la Justicia para declarar el estado de insolvencia y pidió al gobierno que nombrara un interventor con amplios poderes.

Berlusconi lo hizo de inmediato y designó a Agostino Fantozzi, experto en derecho tributario y ex ministro del gobierno Prodi de centroizquierda, como comisario extraordinario.

Ayer, mientras estallaban duras polémicas entre partidarios y críticos de la solución anunciada por Berlusconi, el presidente de la Banca Intesa-San Pablo, Corrado Pássera -quien ha conducido el “proyecto Fénix” por cuenta del gobierno conservador- sembró serias inquietudes respecto al futuro.

“El lunes comenzarán las negociaciones con los sindicatos”, dijo. “Sin el acuerdo de las nueve organizaciones sindicales del personal Alitalia, no podría partir el proyecto para relanzar la Alitalia” que planea Berlusconi.

“Las cuatro o cinco próximas semanas serán cruciales para comprender si se va para adelante o no”, explicó el banquero.

Ayer el Consejo de Ministros cambió la ley de quiebras y las normas antitrust para permitir “la salvación” de Alitalia.

La operación es compleja, contempla la división en dos troncos de la compañía. La que fue intervenida ayer por el gobierno será una “bad company”, una mala compañía destinada a la quiebra.

Todo lo que se pueda salvar, como la mayor parte de los aviones y del personal, será adquirida por la Compañía Aérea Italiana, que integran 16 socios, grandes patrones del capitalismo italiano como la familia Benetton, por ejemplo.

El Banco Intesa-San Pablo de Corrado Pássera invertirá -según anunció su presidente- entre 100 y 150 millones de euros de los mil millones que se espera pongan todos los socios.

El flamante presidente de la nueva Alitalia es el empresario Roberto Colanino, quién ayer aclaró que “me empeño con este proyecto, pero yo soy de izquierda”. Uno de sus hijos es parlamentario por la “sinistra”.

El “proyecto Fénix” para hacer resurgir a Alitalia de las cenizas de su bancarrota, contempla crear una aerolínea más chica, con 153 en lugar de los 238 aviones actuales de Alitalia y de la segunda compañía privada italiana de cabotaje, la AirOne, que se incorpora con su patrimonio y personal a la nueva aventura.

El plan establece reducir en un 36% los aviones y el 28% los destinos. Alitalia será una compañía concentrada en los destinos nacionales, europeos y de los países del Mediterráneo.

Ya se anunció también que habrá una fuerte reducción del área intercontinental. Los aviones de larga distancia se reducirán de 27 a 18. Buenos Aires seguirá siendo importante destino. En total, los destinos se reducirán de los 195 actuales a 140 en 2009.

La reorganización debería permitir pasar de los 805 millones de euros de pérdidas previstos en 2008 a un superávit de 215 millones en 2013. Pero los contribuyentes italianos cargarán sobre sus espaldas los 1.200 millones de euros de deudas acumuladas.

La oposición protesta vivamente porque sostiene que la operación cuesta un ojo de la cara al pueblo italiano.

Alessandro Profumo, primer banquero italiano, administrador de Unicredit, condenó el plan de Berlusconi cuando dijo: “Me apasiona tener un servicio mejor y precios más bajos. Cuando concluya esta operación, lo que tendremos es un peor servicio y precios más altos”.

Los sindicatos afirmaron ayer que el gobierno de Berlusconi debe discutir con ellos el plan industrial de la futura Alitalia y no sólo “las consecuencias de los efectos sobre el trabajo de un plan desconocido”.

Los nueve gremios parecen dispuestos a dar batalla para ser tenidos en cuenta en todo el proceso de reorganización del grupo. En Alitalia y AirOne trabajan más de 20 mil personas y el proyecto Fénix estima que seis mil de ellas están de más.

Berlusconi dijo que el gobierno “no dejará en tierra a ninguno”. Los excluidos, que quedarán en la “mala” compañía Alitalia, intervenida ayer, gozarán de varios amortiguadores sociales por un plazo de siete años que les garantizarán un rédito en lugar del sueldo perdido.

Además, el gobierno ya se comprometió a facilitarles que encuentren trabajo en el sector privado con beneficios sociales a las empresas que asuman al ex personal Alitalia.

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