El gobierno británico anunció ayer que todos aquellos inmigrantes extracomunitarios que quieran residir en Gran Bretaña deberán pagar un impuesto especial, cuya recaudación será utilizada para financiar servicios públicos tales como la salud y la educación.

La medida fue anunciada luego de que las autoridades de varias alcaldías denunciaran que los servicios públicos se encuentran “al borde del colapso” por el creciente flujo inmigratorio y demandaran al gobierno nacional un aumento presupuestario para las áreas de salud y educación.

“Es justo que aquellos que se benefician del sistema inmigratorio también ayuden a financiarlo”, afirmó el ministro de Inmigración británico, Liam Byrne.

Según explicó la ministra de Interior, Jacqui Smith, la medida no afectará a todos los inmigrantes por igual, sino que deberán pagar más aquellas personas que, se prevé, usarán más los servicios públicos.

Así, por ejemplo, un hombre mayor o niños pequeños que necesitarán más tratamientos de salud deberán pagar un impuesto más alto.

Según indicaron fuentes citadas por el periódico The Daily Telegraph , el impuesto oscilará en torno al 10% del coste de un visado de residencia en Gran Bretaña, lo que equivale a unos 40 dólares adicionales a los 400 que paga un inmigrante por un período superior a seis meses.

En 2007, el gobierno británico recaudó unos 380 millones de dólares en materia de solicitud de visas de 2,7 millones de inmigrantes. Con el nuevo impuesto prevé recaudar unos 30 millones de dólares extras.

La medida fue calificada por el opositor Partido Conservador de “absurdo”, y pidió en cambio la introducción de una “cuota anual” de inmigrantes.

Bajo la nueva legislación -que no entraría en vigor antes de 2010 y que no afectará a aquellos extranjeros que ya residen en Gran Bretaña-, los inmigrantes extracomunitarios que quieran residir en el país deberán también pasar una serie de pruebas que demuestren su interés de integración antes de obtener la ciudadanía.

Tras un mínimo de cinco años de residencia en Gran Bretaña, quienes aspiren a obtener el pasaporte británico deberán pasar por “un período de prueba” de uno a tres años, dependiendo del grado de compromiso social de la persona, durante los que tendrán que demostrar su integración en el país más allá de su trabajo o contribución fiscal.

Así, por ejemplo, el proceso se acelerará si el inmigrante está vinculado a ONG, forma parte de asociaciones escolares de padres u organiza actividades deportivas, mientras que los que no hagan nada de todo esto tendrán que cumplir el máximo de tres años de prueba.

Para los que infrinjan la ley, el proceso de naturalización será mucho más largo o incluso se les negará el pasaporte.

“Nuestra propuesta para la ciudadanía es clara y simple -dijo Smith-. Los derechos y beneficios de ésta serán accesibles a todos los que puedan demostrar un compromiso con nuestros valores y la voluntad de contribuir a nuestra comunidad.”

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