“La distancia entre los costos de producción de la energía y los precios de venta en el mercado interno frenan las inversiones en el sector privado, y los proyectos del gobierno no son suficientes para cubrir el aumento de la demanda”, diagnosticó el consultor Francisco Mezzadri.

A finales de 2008, la oferta energética disponible aumentará unos 1.500 megavatios (MW) si se cumplen los plazos de los proyectos gubernamentales en curso.

“Pero en diciembre de 2007 el déficit era de 4.400 megavatios y la demanda continúa en ascenso”, afirmó Mezzadri.

Mezzadri señala que la menor oferta de gas deberá ser compensada este año con la compra de energía eléctrica a Brasil y la importación de gasóleo, combustibles más caros.

“Brasil está cobrando 500 dólares por el megavatio/hora, un 60 % más caro que en 2007”, calculó el experto.

La economía del país sudamericano viene creciendo a un promedio anual de casi 9 % desde 2003, con fuerte impacto en el incremento de demanda de energía.

El sistema energético volvió a quedar la semana pasada al borde de su capacidad por una ola de frío polar que elevó la demanda al récord de 18.613 megavatios/hora, un 1,5 % por encima del máximo registrado a mediados de junio del año pasado.

Como en 2007, el Gobierno apeló a los cortes programados en el suministro de gas natural a las grandes empresas y suspendió los envíos del insumo a Chile por cuarto año consecutivo, para evitar el desabastecimiento interno.

“Este invierno será más complicado que el anterior. Las reestricciones se acentuarán pues la demanda aumentará”, dijo Jorge Lapeña, ex secretario de Energía.

Bolivia envía a Argentina entre 2 y 3 millones de metros cúbicos diarios de gas, pero ya adelantó que no podrá cumplir a corto plazo con los convenios de 2006.

El Gobierno argentino mantiene un férreo control de las tarifas de energía para evitar una escalada inflacionaria, aunque el costo de vida se sitúa entre el 20 % y el 30 % anual, según economistas y consultoras privadas.

El índice oficial está por debajo del 10 % anual, pero las autoridades están acusadas en la Justicia por manipulación e intromisión en el ente estadístico.